Brasil quiere separar la investigación minera del licenciamiento de una mina — y eso cambia el cronograma de quien explora

Lula sancionó la Política Nacional de Minerales Críticos y Estratégicos con R$ 7.000 millones en incentivos, mientras el Ministerio de Minas y Energía finaliza una resolución para eximir de licencia ambiental la fase inicial de investigación minera en todo el país.

El gobierno brasileño avanzó en dos frentes regulatorios para el sector minero en septiembre de 2026. El primero fue la sanción presidencial, el 16 de septiembre, de la Política Nacional de Minerales Críticos y Estratégicos (PNMCE), que establece directrices para la exploración, beneficiamiento, transformación e industrialización de esos recursos, autoriza R$ 7.000 millones en incentivos al sector y crea el Consejo Nacional para la Industrialización de Minerales Críticos y Estratégicos (Cimce), vinculado a la Presidencia de la República, además de permitir que el Fondo Garantizador de la Actividad Minera reciba hasta R$ 2.000 millones de la Unión para reducir el riesgo de inversión. El segundo, conducido por el Ministerio de Minas y Energía, es una resolución en fase final de evaluación para eximir de licenciamiento ambiental la etapa inicial de investigación minera — prospección de campo, sondeo y análisis de depósitos — en todo el país, sin autorizar extracción, remoción o beneficiamiento. El Consejo Nacional de Política Minera ya había aprobado, el 2 de julio, una recomendación para clasificar esa investigación sin guía de utilización como actividad de bajo riesgo ambiental; el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático afirma haber participado en la elaboración de la propuesta y refuerza que otras licencias y autorizaciones siguen siendo obligatorias.

El punto central para quien opera o planifica proyectos de exploración en Brasil es la separación de regímenes: hoy, la exigencia de licencia ambiental suele ser la misma para sondear un terreno que para extraer mineral de él, aunque ambas actividades tengan impactos ambientales de órdenes de magnitud muy distintos. La propuesta en evaluación reconoce esa distancia y crea un régimen más liviano específicamente para la etapa en que la empresa todavía no sabe si existe un depósito económicamente viable — lo que reduce el tiempo y el costo de averiguarlo, sin alterar las exigencias para cuando la respuesta sea sí y la mina deba salir del papel. Las condiciones adjuntas a la exención no son triviales: nada de abrir accesos o plataformas en el sitio investigado, nada de suprimir vegetación de Mata Atlántica en estado medio o avanzado de regeneración, nada de impacto sobre cavidades naturales y patrimonio espeleológico. Esto significa que la exención favorece la investigación mineral de bajo impacto físico — perforaciones de sondeo, muestreo —, no cualquier actividad de campo. La PNMCE, por su parte, ataca otro cuello de botella histórico del sector minero brasileño: la falta de un fondo garantizador dedicado a reducir el riesgo de capital en fases iniciales, cuando el financiamiento es más escaso y más caro. Un fondo de hasta R$ 2.000 millones no resuelve esto por sí solo, pero indica que el gobierno está tratando el financiamiento de riesgo como parte del problema regulatorio, no solo como una cuestión de mercado privado.

Los minerales críticos — litio, tierras raras, níquel, cobre para la transición energética — dependen del descubrimiento de nuevos depósitos a una velocidad que el régimen de licenciamiento tradicional, pensado para la extracción y el beneficiamiento, no fue diseñado para acomodar. Separar el licenciamiento de investigación del licenciamiento de mina es un cambio de arquitectura regulatoria, no una flexibilización genérica: sigue exigiendo licencia para todo lo que realmente mueve la aguja del impacto ambiental — extracción, beneficiamiento, supresión de vegetación relevante — pero reconoce que sondear un terreno no es lo mismo que minarlo. Para las empresas de exploración, esto puede significar meses menos entre decidir investigar un área y tener resultados de sondeo en mano. Para quien sigue la política minera, es un caso de estudio sobre cómo diseñar regulación proporcional al riesgo real de cada etapa de un proyecto, en lugar de aplicar la misma regla a todo.