Brasil financiará su política de minerales críticos cobrando a las mineras el 0,5% de su propia facturación

El Congreso aprobó la Política Nacional de Minerales Críticos y Estratégicos, que destina R$ 7.000 millones en incentivos y crea un nuevo consejo de gobernanza vinculado a la Presidencia. El texto pasa ahora a sanción presidencial.

El Senado aprobó este miércoles (2 de septiembre) el Proyecto de Ley 2.780/2024, que instituye la Política Nacional de Minerales Críticos y Estratégicos. El texto, ya aprobado por la Cámara de Diputados sin cambios de fondo, pasa directamente a sanción presidencial, sin necesidad de volver a la cámara de origen. La política crea el Consejo Nacional para la Industrialización de Minerales Críticos y Estratégicos (Cimce), vinculado a la Presidencia de la República y responsable de definir directrices y habilitar proyectos, y destina R$ 7.000 millones en incentivos: R$ 2.000 millones para un Fondo de Garantía de la Actividad Minera (FGAM) y R$ 5.000 millones en créditos fiscales, a lo largo de cinco años, para proyectos de beneficio y transformación mineral en territorio nacional.

La ley separa dos conceptos que suelen tratarse como sinónimos, pero no lo son. Un mineral "crítico" es aquel con riesgo real de desabastecimiento que afectaría sectores prioritarios, como la transición energética o la seguridad alimentaria — la urgencia viene de la fragilidad de la cadena de suministro, no del tamaño de la reserva brasileña. Un mineral "estratégico" es aquel en el que Brasil ya cuenta con grandes reservas y relevancia tecnológica, especialmente ligada a la reducción de emisiones — aquí la lógica es de ventaja competitiva a explotar, no de vulnerabilidad a corregir. Separar las dos categorías evita que la política trate del mismo modo un insumo del que el país depende de terceros y otro en el que puede convertirse en proveedor global — las tierras raras brasileñas, por ejemplo, entran en esa segunda cesta, ya que el país tiene la segunda mayor reserva del mundo, detrás solo de China. El financiamiento también rompe con el modelo habitual de política industrial sostenida solo con presupuesto público: en los primeros seis años, las propias mineras de minerales críticos recaudarán el 0,2% de la facturación bruta para el fondo de garantía y otro 0,3% para investigación, desarrollo e innovación tecnológica — 0,5% en total, un costo de cumplimiento que debe entrar desde ahora en la cuenta de cualquier proyecto nuevo del sector. También hay un mecanismo de presión poco común en la legislación minera brasileña: las investigaciones minerales pasan a tener un plazo máximo de diez años, sin prórroga, tras el cual el derecho minero se extingue automáticamente si la empresa no presenta el informe final — un "úselo o piérdalo" que debería acelerar decisiones de inversión en áreas hoy estancadas en fase de exploración. El punto de atención está en la gobernanza: especialistas ya cuestionan si las facultades de habilitación y fiscalización del nuevo Cimce, vinculado a la Presidencia, se superpondrán con las competencias de la Agencia Nacional de Minería (ANM), la autarquía que regula hoy el sector — una tensión institucional que solo la reglamentación posterior de la ley resolverá en la práctica.

Brasil entra formalmente en la carrera global por una política industrial de minerales críticos — un movimiento que Estados Unidos, la Unión Europea y Australia ya han hecho en los últimos años, cada uno con su propio diseño de incentivos y gobernanza. Tener una de las mayores reservas de tierras raras del mundo no se traduce automáticamente en capacidad de procesamiento y beneficio local, que es donde está el valor agregado de la cadena — y es exactamente esa brecha la que los R$ 5.000 millones en créditos fiscales intentan abordar. Para las empresas del sector, la ley cambia la ecuación financiera de los nuevos proyectos: por un lado, acceso a un fondo de garantía que reduce el costo de capital; por otro, un aporte obligatorio de facturación y un reloj más ajustado para convertir el derecho minero en producción efectiva. Y para quien estudia política pública y regulación, el caso Cimce contra ANM es un recordatorio de que crear un nuevo órgano de gobernanza junto a una agencia reguladora ya existente resuelve un problema de prioridad política en el corto plazo, pero crea un problema de coordinación institucional que solo aparece después, a la hora de implementar.