El Supremo de Brasil le dio al Congreso dos años para decidir las reglas de la minería en tierra indígena

El pleno del Supremo confirmó la decisión del ministro Flávio Dino en el caso Cinta Larga: hasta 2028 no hay ley específica, pero ya rigen reglas provisorias, con un límite de 1% del territorio explotable.

El pleno del Supremo Tribunal Federal (STF) confirmó, el 13 de agosto de 2026, la medida cautelar concedida en febrero por el ministro Flávio Dino en el Mandado de Injunção 7516: el Congreso Nacional tiene 24 meses, hasta 2028, para aprobar una ley que regule la minería en tierras indígenas — algo que el artículo 231, párrafo 3 de la Constitución de 1988 exige, pero que nunca fue legislado. El caso llegó al STF por iniciativa de una asociación de la etnia Cinta Larga, en Rondônia, que reclama el derecho a explotar su propia tierra.

La decisión no abre la minería en tierra indígena — crea una ventana regulatoria provisoria mientras el vacío legal no se llena. Mientras tanto, el STF fijó reglas específicas: solo el 1% del área demarcada puede ser objeto de explotación; se exige consulta previa a las comunidades afectadas, en los términos del Convenio 169 de la OIT; parte de los ingresos debe compartirse con fines de interés colectivo; y cualquier proyecto depende de la aprobación gubernamental y congresual, un estudio de impacto ambiental y medidas de recuperación de área degradada. El detalle más relevante para quien sigue el sector: la decisión no trata sobre terceros explotando tierra indígena — nace de una solicitud de los propios indígenas Cinta Larga para explotar su territorio, lo que cambia la lectura política del precedente. El trasfondo que explica la cautela del tribunal es la crisis migratoria Yanomami, en la que cerca de 20.000 mineros ilegales invadieron el territorio, provocando brotes de malaria, desnutrición y muertes — un episodio que moldeó los límites impuestos por el STF en las reglas provisorias.

Para empresas, inversionistas y las propias comunidades indígenas interesadas en minerales críticos en tierra indígena, la decisión no libera nada de inmediato — pero establece el camino y el plazo dentro del cual el Congreso debe actuar, y ya deja claro bajo qué condiciones operará cualquier minería legal cuando la ley exista. Para quien hace due diligence regulatorio de proyectos en Brasil, esta es una pieza del rompecabezas jurídico que antes simplemente no existía — un vacío que ahora tiene un plazo para terminar.